Vocación por el ridículo

Por Francisco Javier Mares

La sedicente fiscal ‘especializada’ en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez, fue al Congreso del Estado a hacer eso, el ridículo.

Fue a decir a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables -que tampoco crea usted que son una maravilla-, que únicamente existen once denuncias por ese delito en el estado de Guanajuato.

Y a lo mejor, no mintió, pero entonces la lectura es peor. De entrada exhibe la ineficacia de la burocracia en la que cobra y la confianza nula de los ciudadanos en semejante ‘institución’.

Sostener que en Guanajuato, el estado líder en homicidios dolosos en un país de 120 millones de habitantes, existen tan sólo ¡Once! Denuncias -que no casos-, por desaparición forzada de personas es una tontería que desnuda al aparato de procuración de justicia del estado: ¿Para eso se rompieron la sesera los legisladores a la hora de argumentar la conveniencia de una fiscalía ‘autónoma’ con un ‘fiscal carnal’, dícese de Carlos Zamarripa Aguirre.

• “Hay que revisar qué está pasando porque nos parece que estos once casos no corresponden a la realidad que se ha estado dando a conocer por parte de familiares de personas desaparecidas y colectivos”, le dijo la diputada panista -¿O de ‘Morena’?- Libia García, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Lo peor de todo, es que la fiscal llegó a la comparecencia -que es presentarse ante una autoridad superior, aunque no muchos lo entiendan-, sin un maldito dato concreto. Nada. Ni un sólo número además de ese que se inventó. Llegó, dirían en el barrio, como Javier Solís, ‘con la pura voz’.

Estoica ella, aguantó muy sentada los reclamos de las y los legisladores. A nadie le cuadró su versión porque nomás no checa con las denuncias públicas de las Organizaciones de la Sociedad Civil, ni con lo que a diario documentan los medios de comunicación.

La diputada Libia García, en declaraciones a la prensa, abrió el margen a una eventual condición que ya fue un escándalo en la Ciudad de México, a la salida de la gestión de Miguel Mancera: que la Fiscalía General del Estado reclasifique mañosamente y a conveniencia los delitos. Cuidado.

La sola posibilidad confirmaría la descomposición que advirtieron los opositores a la ratificación de Carlos Zamarripa, que pasó de procurador a fiscal ‘independiente’, en automático. Eso no le conviene a nadie. Por supuesto, no al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, ni al presunto liderazgo de Jesús Oviedo en el Congreso local. De ese tamaño es el favor que hizo la fiscal Ramírez Domínguez a su jefe Zamarripa.

La sola posibilidad es también una advertencia al Poder Judicial de la entidad, que históricamente -salvo muy, muy escasos periodos de excepción- no ha sido atento a los reclamos ciudadanos.

La fiscal dijo a las y los diputados que de las once denuncias, siete por desaparición forzada atribuibles a una autoridad, seis ya se consignaron y de las otras cuatro, con un particular como presunto, tres ya fueron judicializadas. Poca cosa, pues.

Lo otro, igual de grave, es que ese número retrata de cuerpo entero que los afanes del gobernador Rodríguez Vallejo, de acercar la seguridad y la justicia a los ciudadanos, nada más no permean, por más vocerías que inventen o autonomías protectoras que concedan.

La diputada García, inconforme, por supuesto, asume que ya será para la otra.

LA POLÍTICA ES LOCAL

El coordinador de los diputados federales del PAN, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, en el modo estridente que estrenó con el cargo, sostiene que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 tiene, al menos, 5 déficits “muy graves”. La falta de atención a los ayuntamientos y los rubros de educación y seguridad, a la cabeza.

Que tampoco atiende al campo ni caso hace al federalismo. Eso lo dijo en conferencia de prensa, luego de la firma del enésimo convenio de colaboración que urde el Congreso del estado con quien se descuide.

“Primero no atiende bien al campo. Segundo, no atiende a los ayuntamientos; tercero, tiene demasiados hoyos en el tema educativo, ni siquiera cumple las obligaciones de la última reforma constitucional, en rubros de educación inicial y normal”, se quejó el exgobernador.

Y ya para rematar, arriesgó que ‘un cuarto déficit’, es la seguridad: “habría que establecer, por lo menos, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg)”. En pocas palabras, le gustó nadita.

Usted puede estar de acuerdo o no con Romero Hicks, pero la denuncia es oportuna si se tiene en cuenta que en 2021 tendremos elecciones locales, y si los Ayuntamientos no tienen dinero para responder a las muchas demandas ciudadanas la cosecha de votos estaría en riesgo. A ver cómo hacen para que ‘el peje’ modifique su estrategia, a todas luces también electoral. Difícil, sí.

LA JAULA

El asilo político a Evo Morales, es tema de conversación en todos lados. Todos opinan. Qué bonita es la libertad de expresión…

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