Los feminicidios

Por Francisco Javier Mares

Los asesinatos a Ingrid Escamilla y a la pequeña Fátima han disparado una alerta nacional por la violencia contra las mujeres, esa misma violencia que se denuncia en marchas accidentadas en la Ciudad de México, lleva al paro a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato o llena los espacios informativos en cualquiera de sus modalidades, pero que no logra hacer que las autoridades despierten.

Desde la academia, el análisis de la cosa pública, los partidos políticos, vaya, hasta desde los recintos legislativos hay una urgencia para que se aplique una política pública clara, con objetivos concretos y resultados medibles, que den certeza de las acciones para atajar el fenómeno que rebasa ya todo cálculo.

Las muertes de Fátima y de Ingrid desataron el reclamo y la indignación en el país, con ello, la exigencia de que las autoridades todas, federales, estatales, municipales den respuestas precisas al problema de la violencia contra las mujeres: 10 homicidios/feminicidios al día.

Desde el Congreso federal -en el de Guanajuato todavía ‘no les cae el veinte’- apuran a un pacto con el Ejecutivo, las organizaciones de la sociedad civil, las fiscalías en los estados, encaminado a lograr un entramado de protección a las mujeres, reformas legales, campañas mediáticas y de educación, un empuje definitivo a los juicios y las sentencias con perspectiva de género. Un pacto del Estado mexicano.

En la Cámara de diputados instalaron un grupo de trabajo para abordar el tema de los feminicidios, en coordinación con la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz, de donde sale la intención de homologar ese tipo penal en todas las entidades del país -la mayoría panista en el Congreso local, presentó ayer mismo la iniciativa correspondiente, después de meses de negarse incluso a tipificarlo como delito autónomo…- Y a propósito, el grupo de 12 diputadas y diputados lo encabeza la panista leonesa Pilar Ortega Martínez, así que información, al menos, habrá acá.

Los números no dejan duda en cuanto a la gravedad del problema: de acuerdo con el Inegi, en 2018 se registraron 3 mil 752 homicidios a mujeres, la cifra más alta en los últimos 30 años, en promedio, la muerte de 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.

De entrada, el Congreso federal analizaría la norma en parlamento abierto, en el ánimo de acordar lo adecuado para inhibir los ataques a las mujeres.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, lo dice claro: es muy importante que el Gobierno Federal asuma que hay una crisis de derechos humanos, pero de manera particular una crisis que está matando a las mujeres y a las niñas y que necesitamos actuar de manera inmediata. Pues, sí.

Allá, la Junta de Coordinación Política impulsa tres puntos de acuerdo: exhortar al Gobierno Federal, a las entidades de la República y a las fiscalías, a garantizar la seguridad de las y los niños; que se hagan valer los derechos de las mujeres; y para impulsar encuentros de discusión relacionados con la violencia contra las mujeres en las universidades públicas y privadas -a ver si Agripino se da por aludido-.

Y LA PEDERASTIA

El Partido Encuentro Social -quien lo dijera-, llevó a la tribuna de la Cámara de diputados federal conceptos y cifras que debieran mover a las autoridades administrativas a hacer algo, pero ya, para frenar la violencia contra los infantes.

De entrada, propusieron exhortar a los Congresos locales que no han tipificado el delito de pederastia en sus códigos penales a que evalúen la necesidad de hacerlo, dados los altos índices que se han presentado en este delito.

Si usted pensó mal, acertó. Guanajuato es uno de los 24 estados de la República que carecen de la tipificación de ‘pederastia’ como un delito. Los otros son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Ocupadísimos que han de estar en todas esas legislaturas, como para preocuparse por eso.

De acuerdo con la tesis expuesta por el PES, las víctimas pueden tardar hasta 20 años en hablar del abuso sufrido; uno de cada cinco niños agredidos se convierte en agresor y el 40% de estos agresores fueron violados antes de su adolescencia. El Inegi establece que de cada 100 denuncias 10 llegan a juicio y del total, sólo se condena una: el 99% de los casos queda impune.

Más: las denuncias de los niños víctimas de abuso son verídicas en el 93% de las ocasiones. Los abusos se presentan tanto en la infancia como en la adolescencia y en cualquier entorno: en la primera etapa de vida, el agresor es el padrastro en 30% de los casos; los abuelos en otro 30% y tíos, primos, hermanos o cuidadores, en 40%.

En edad escolar los agresores son profesores en un 30% y sacerdotes en otro tanto; mientras que en la adolescencia 80% de los casos sucede en fiestas, vía pública o escuelas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, acusa que México es primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años.

Otra vez conforme al Inegi, hasta agosto de 2019 la tasa de violación a menores era de 1 mil 764 por cada 100 mil habitantes; 5 mil de cada 100 mil sufren tocamientos: una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víctimas; las tres entidades federativas con mayor incidencia son: Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, reconoce que en los últimos 10 años se han registrado 426 casos de pederastia clerical, de los cuales 176 siguen en proceso y 253 han sido concluidos.

La Asociación para la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia, Aspasi, asegura que las niñas y niños víctimas de abuso sexual desarrollan baja autoestima, miedo, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al sexo, anorexia, depresión, psicosis, dificultad para relacionarse, dependencia, drogadicción, autolesiones, o tentativa de suicidio; las víctimas crecen con miedo, desconfianza y angustia.

Iniciativas para regular la pederastia, han quedado pendientes durante ¡siete! Legislaturas… Aterrador, por donde se le vea.

LA JAULA

Agripino manda decir que está abierto a toda forma de participación que ayude a tratar la violencia de género en la UG. Hombre, qué bien.

Correspondencia: [email protected]