Señala PRI que corrupción en 4T es cantaleta demagógica

El Grupo Parlamentario del PRI en voz del diputado José Huerta Aboytes, urgió al Gobierno de la República a dejar por sospechosa la práctica de la adjudicación directa de los contratos públicos.

Lo anterior, tras asegurar que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha incumplido su promesa de luchar contra la corrupción, al abusar de una práctica nociva, que constituye una de las caretas más grotescas con las que se presenta la corrupción, refiriéndose al arbitrario e injustificado esquema de otorgamiento de los contratos públicos mediante procedimiento de invitación restringida y adjudicación directa.

En su exposición, el diputado Huerta enfatizó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024, el presidente de la República establece como uno de sus propósitos más firmes el de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; porque dice en su plan: la corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a los particulares.

Desafortunadamente en el prólogo de ese documento que según se hizo público fue elaborado de puño y letra por el presidente, se establece que: “el lenguaje del discurso oficial fue sistemáticamente desvirtuado. A la manipulación se le llamó solidaridad, al saqueo se le denominó rescate, la opacidad y el encubrimiento fueron bautizados como confidencialidad, información reservada o protección de datos personales, a la apropiación indebida de bienes públicos fue llamada desincorporación y la corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa”.

El legislador enfatizó que la licitación pública no equivale a la adjudicación directa; y por otra parte, los procesos licitatorios, no se pueden tachar de corrupción.

Todo lo contrario. Los meticulosos concursos de licitación pública, son de los procesos que contribuyen a airear, ventilar y abrir la contratación del gobierno con los particulares.

Mediante la licitación pública, se evita que el compadre, la concubina o el hijito del favorito de turno se beneficien con la adjudicación directa y arbitraria de jugosos contratos, o que se paguen lealtades políticas y apoyos de campaña, resaltó el legislador.

El diputado José Huerta se refirió a una investigación periodística llevada a cabo por “Quinto Elemento Lab”, que demostró que durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían y, creadas casi ‘al vapor’ a la par que arrancaba la administración federal, fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.

Y que, en total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias federales, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.

Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 contratos (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha publicado que en lo que va de la presente administración el 74% de los 28 mil 458 contratos para compras se han otorgado por adjudicación directa, mientras que solo el 18% ha sido a través de licitaciones públicas, a pesar de que éste debería ser el mecanismo obligatorio.

Concluyó con dos botones de muestra:

En el primero una empresa del compadre de la Secretaria de Energía Roció Nahle, propiedad del empresario Arturo Quintanilla Hayek en consorcio con la compañía holandesa Van Oord por invitación restringida se hizo de un contrato por 4 mil 968.8 millones de pesos para acondicionar los terrenos de la refinería de Dos Bocas. La empresa del agraciado compadre de la Secretaria de Energía, denominada “Grupo Huerta Madre”, fue creada en mayo de 2019 unos días antes de que le fuera adjudicado el contrato.

El segundo botón de muestra es el siguiente: en su gira por el sureste, el presidente de la República anunció el nombramiento del nuevo titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado en beneficio de Jaime Cárdenas.
Cárdenas, para mayor seña, es y ha sido el principal asesor jurídico y achichincle de Manuel Bartlett y es esposo de María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien llevó a cabo la investigación a Manuel Bartlett, y quien, casualmente, en razón de esa relación, el director de Comisión Federal de Electricidad, ha resultado libre de toda culpa.

“Para que sea creíble la lucha contra la corrupción, y si realmente queremos que haya procesos transparentes, limpios e irrefutables, y que la conducta de los servidores públicos sea honesta e incuestionable, se debe dejar por sospechosa la práctica de la adjudicación directa de los contratos públicos, de lo contrario todo lo que se diga contra la corrupción solo será una cantaleta demagógica”, puntualizó el legislador.