EL MARRO Y EL YUNQUE

Por Francisco Javier Mares

Henos aquí en Guanajuato en la cresta de una pandemia mundial y cercados por el crimen organizado, atrapados en la rebatinga política entre el gobernador y el presidente…

En México ya son más de 27 mil muertos por covid-19, y en Guanajuato las defunciones, al corte del martes, alcanzan las 550.

Los asesinatos en México suman alrededor de 15 mil; en Guanajuato esa estadística acumula más de 2 mil víctimas al cierre de seis meses.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en televisión abierta y en redes sociales se asignan culpas.

Del semáforo sanitario del otro, ninguno de los dos quiere saber maldita la cosa, y ahora se entretienen en ventilar sus respectivas acciones contra el crimen.

En el centro de todo está José Antonio Yépez. ‘El Marro’, cabeza del Cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal con acta de nacimiento en Villagrán que encontró en el robo y tráfico de combustible de los ductos de Pemex y en la extorsión, una veta de dinero todavía sin agotar.

…Bueno, eso y que efectivamente Guanajuato es el estado en el que más personas mueren asesinadas.

Esta vez, sin tapujos, el fiscal federal Alejandro Gertz Manero anuncia una investigación a Carlos Zamarripa, y esas no son buenas noticias para el gobierno de Guanajuato.

Las actividades de ‘El Marro’ en la región Laja-Bajío, con la ciudad de Celaya como epicentro, ubicaron a Guanajuato en el foco rojo del país. Hace rato que perdió sentido objetar que la entidad lidera el número de homicidios dolosos en la República.

El Cártel Santa Rosa de Lima sostiene una lucha sorda por el territorio con el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’, actualmente el más poderoso del país, según reconocen las autoridades mexicanas y de los Estados Unidos de Norteamérica.

La agenda, los enfrentamientos y las ejecuciones de ambos grupos criminales, son las que tienen a Guanajuato como el núcleo de la violencia más extrema en México.

La operación policial del sábado 20 de junio en comunidades del municipio de Celaya abre un capítulo nuevo en la narrativa de la caza al ‘Cártel Santa Rosa de Lima’, de intervención federal y consecuencias sin calcular aún. Ese día, los militares y las fuerzas federales y estatales arrestaron a 31 personas, la madre, una hermana y una prima de Yépez entre ellas, y ‘aseguraron’ dos millones de pesos en efectivo, metanfetaminas, vehículos y armas.

En su reacción inmediata el cártel cerró carreteras e incendió supermercados, gasolineras y vehículos en 13 municipios a la redonda al mismo tiempo.

José Antonio Yépez advirtió en vídeo en las redes sociales que les pondría ‘a peso el kilo’ a las autoridades. Lo ha hecho.

Una semana después de esa jornada de alarma sin precedente, no quedaba un solo detenido.

La ruta de salida de la madre de Yépez del penal de Puentecillas en Guanajuato, en el último bloque en conseguir su libertad por falta de pruebas, se pintó de rojo.

Sobre el libramiento de Irapuato, camino a Celaya, el vehículo de uno de sus abogados fue tiroteado. Murió al interior de su auto volcado.

Tres policías de Silao apostados en la carretera fueron asesinados mientras aguardaban en su patrulla. Otra vez en video en redes, ‘El Marro’ se adjudicó el crimen. Y advirtió que la violencia continuaría.

‘LA GRILLA’ ES PRIMERO

Filias y fobias al margen -si tal cosa fuese posible en este México de la ‘4T’ nuestro-, nadie niega que el presidente Andrés Manuel López Obrador es de un colmillo político largo y afilado. Dado su encargo, de una tarascada se merendó a Carlos Zamarripa Aguirre, y expuso al escrutinio nacional al fiscal general de Guanajuato.

La liberación de la madre, la hermana y la prima de ‘El Marro’, dijo, tendrían mucho que ver con ‘ineficiencia y corrupción’.

Conocer que en las carpetas de investigación consignadas por el Ministerio Público a los juzgados abundan los errores de procedimiento, es rutina para cualquier abogado penalista o un buen reportero de nota roja.

Que esa es una forma de «ocultar un acuerdo, una transa», lo dijo el presidente.

Que «es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato», pues sí, y que el fiscal Carlos Zamarripa lleva 12 años en el cargo, y va para casi veinte, también.

El gobernador Diego Rodríguez, protestó de inmediato.

Demandó respeto a la soberanía de la entidad…, y precisó que «el fiscal de Guanajuato fue ratificado por el Congreso del estado». Cierto. Y aquí es donde -dirían los más viejos- ‘la puerca torció el rabo’. En el Congreso local, dos, al menos, tendrán que apurar las neuronas.

Por supuesto el ‘pastor Jesús’ -Oviedo-, como responsable, así sea simbólico -no vaya usted a creer que es él quien manda-, de las decisiones del grupo parlamentario mayoritario.

Y la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, la operadora y el rostro visible de la trama del salto de Carlos Zamarripa de procurador a fiscal, en automático. Ambos, a intentar justificar oootra vez por qué fue legal y conveniente la ratificación de Zamarripa Aguirre. A la distancia, no muchos están convencidos de ello.

Por cierto, los diputados azules al Congreso de Guanajuato, útiles para toda ocasión, anuncian justo para este viernes la ‘comparecencia’ del fiscal, lo que no puede interpretarse de ninguna otra manera que no sea ofrecer su foro de oropel para que el hombre fluya en estadísticas, intente una defensa y despotrique, si así lo dispone, contra la ‘intromisión’ federal en los asuntos guanajuatenses…

De la escaramuza en curso, quedan algunas cosas en claro: los alcaldes de Guanajuato hicieron de la prevención y la atención al covid-19, un batidillo que ahora les asusta; AMLO y Diego privilegian en la esfera pública su debilidad por la grilla, como si a los ciudadanos les importara; y la violencia criminal en Guanajuato, en ascenso, confirma que las fuerzas federales y locales tienen sin cuidado a ‘El Marro’ hasta hoy.

Eso podría cambiar. Este martes el fiscal federal Alejandro Gertz dijo a Joaquín López Dóriga: «Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia, y este señor fiscal lleva 11 años ahí, nosotros vamos a iniciar un procedimiento, eso sí te lo digo públicamente; vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal».

Gertz precisa que la orden de cateo la promovió Guanajuato, y que si los federales no atrajeron el caso fue por tantas irregularidades en el actuar de Zamarripa. Diego exige que no se politice la seguridad y AMLO encarga una investigación al secretario Alfonso Durazo.  Antes -si bien Alejandro Magno ya no está-, Alejandro Gertz levanta la mano.

LA JAULA

Concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura en Guanajuato. Los diputados pasan del ‘Home Office’ a las vacaciones. Enhorabuena.

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