Víctimas colaterales

Por Francisco Javier Mares

Al mediodía del viernes la incursión de un grupo armado a un centro de verificación vehicular en Celaya, dejó cinco hombres asesinados a balazos.

Murió ahí el joven empresario Andrés Fernández Quintana, cabeza de un grupo inmobiliario familiar con una cartera de clientes de renombre.

En carta pública la Coparmex Celaya Laja-Bajío, advirtió que: “Con estos hechos de violencia nos hacen creer que el esfuerzo es en vano, al punto de pensar en claudicar, mejor cerrar puertas y emigrar a otro lado…”

Con la etiqueta ‘Justicia por Andrés’, el domingo en caravana de unos mil 200 vehículos se exigió justicia y paz. “Hartos de inseguridad miles de celayenses protestan por asesinato de Andrés”, tituló la publicación ‘Así Sucede.’

…Pero ahí murieron otras cuatro personas de las que nadie habla, eran pastores de una Iglesia Cristiana con sede en Acámbaro.

Son Carlos Saucedo y su hijo Carlos Saucedo Espinosa, domiciliados en Acámbaro; Benjamín Gutiérrez, de Moroleón, sobrino del primero; y Herminio ‘Minio’ Alvarado, de la ciudad de León, amigo de la familia.

Carlos Saucedo dedicaba su tiempo completo como pastor y líder de la Iglesia Cristiana que fundó en Acámbaro; Herminio como CEO, y Carlos y Benjamín, de ‘home office’ en su trabajo de ventas en una empresa internacional de artículos de embalaje anclada en el parque Fipasi de Silao por la pandemia de ‘Covid19’, solían acompañarle para cuidar de él.

Fueron a Celaya a atender pendientes de rutina y decidieron aprovechar para verificar las dos modestas camionetas en las que viajaban: Herminio con Carlos Saucedo y Benjamín con Carlos hijo, justo al lugar y en el momento equivocados.

Carlos Saucedo murió con uno de sus hijos, pero deja a otro y a una hija a las puertas de la primera adolescencia; Carlos Saucedo Espinosa, a dos hijos pequeños, igual que Benjamín; y Herminio a dos más. Ocho huérfanos de padre. Cuatro viudas. Historias de vida sepultadas en las letras chiquitas de los expedientes judiciales.

En el centro de servicio, su turnó tocó detrás de la Hyundai Creta del reconocido emprendedor. Los pistoleros ubicaron su objetivo y acribillaron a balazos a los ocupantes de los tres vehículos. Eso no fue ‘el ataque a un verificentro’. Ni los empleados fueron tiroteados, ni las instalaciones dañadas. Si los cuatro pastores cristianos son ‘víctimas colaterales’ como sus biografías acreditan…, hasta los detectives a las órdenes del fiscal Carlos Zamarripa pueden llenar el espacio en blanco en la línea punteada.

El domingo, después de los funerales, en oficio especial, las fotos de los fallecidos al frente, un pastor contó a su feligresía:

– “El viernes pasado, alrededor de doce y media, una de la tarde, los acribillaron a los cuatro, creemos según también la parte del ministerio público que los confundieron como guardaespaldas de un empresario que estaba adelante de ellos que también lo mataron, joven, un empresario joven, en Celaya. Y lo que hemos visto es una anarquía impresionante en todo Guanajuato (…) Es serio, es una guerra seria. Los disparos fueron certeros, profesionales…”

EL DAÑO IRREPARABLE

En cualquier discurso oficial se admite que la seguridad es la responsabilidad primera de todo gobierno ¿Y qué pasa si los ciudadanos mueren precisamente por la irresponsabilidad de un gobierno, el que sea, que no garantiza su seguridad? ¿Quién responde por la muerte de personas ajenas al motivo de hechos criminales cometidos a mitad de la calle y a la luz del día?

La respuesta legaloide inmediata que haría de la anterior una pregunta retórica, sería que es un juez quien califica y determina la responsabilidad, condiciones y cuantía de la reparación del daño.

Pero esa es Ley, no Justicia. Y Justicia y Ley, no son sinónimos.

-“Ante la comisión de un hecho delictivo, todas las victimas y ofendidos tienen derecho a la reparación del daño, la cual consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el estado de las cosas alteradas y resarcir los perjuicios derivados de su delito.”

A ver, otra vez. Es ‘al delincuente’ a quien se obliga a la reparación del daño, no al Estado, a menos que la autoridad sea la responsable de la muerte de alguna víctima inocente. Los términos y el concepto resultan una burla a los ciudadanos en un país con los índices de criminalidad e impunidad que todos conocemos en México.

¿Entonces?

La expresión de ‘Víctimas colaterales’ se puso en boga en México en boca del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien en su ‘guerra contra el narco’ refería despectivamente que “si acaso tres o cuatro por ciento de los ejecutados podrían considerarse civiles inocentes…”

En marzo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde un helicóptero de la Marina dispararon al auto de una familia; murieron la madre y dos pequeñas; el marido y conductor fue herido. Juan Velásquez, asesor de la Institución -‘Abogado del diablo’ le llaman porque nunca habría perdido un caso; en su turno defensor de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, representante legal de Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio-, fue más allá.

Sentenciaría que “se ha convertido en una especie de negocio el ser víctima, porque se les indemniza ‘con cantidades millonarias’, bueno, víctimas entre comillas, patrocinadas por las ONG que se reparten esa indemnización.” Esa es la opinión que esos caídos merecen al poder. Como sea, ante las evidencias, en ese caso hubo que pagar.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, de diciembre de 2018 a mayo de 2020 – primer año y medio de Amlo– fueron asesinadas un promedio de 98 personas cada día en el país. Guanajuato es el líder indiscutible. El 60 por ciento de los homicidios están relacionados con el crimen organizado. En Guanajuato y Jalisco, el cálculo alcanzaría un 80 por ciento. En ese lapso, en Celaya la tasa de violencia se duplicó.

El fin de semana, en Celaya fueron asesinados cuatro hombres que paradógicamente en vida pregonaron el amor al prójimo. Nada tenían que ver con lo que currió ahí. Fueron ‘víctimas colaterales’ en una embestida impune más de la delincuencia. Así que la autoridad mira hacia otro lado. Bueno, eso siempre…

(A) La Jaula

El director de Movilidad de León, Luis Enrique Moreno Cortés.

Ahora, al buen Luis Enrique se le ocurrió convertir en ciclovía un carril del sufrido BALM. La que armó. Con la oruga a cuestas, de Villa a Campestre ya solo quedan dos carriles para los vehículos de motor. En fin, la ocurrencia durará menos que la de las bicis públicas. Lo que es no tener qué hacer…

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