Políticos caídos

Por Francisco Javier Mares

Los asesinatos políticos -o a políticos, como el cliente lo prefiera-, son ya una constante de la violencia que tiene contra la pared al gobierno de Guanajuato… y a los ciudadanos, sin distinción de ocupación.

En turno, el ex alcalde priista de Apaseo el Alto, David Sánchez Malagón. Este miércoles, de mañana, manejaba su camioneta Volkswagen Amarok negra, sobre el libramiento de su municipio a la salida a Jerécuaro. Desconocidos le alcanzaron y lo tirotearon. Quedó muerto sobre el volante. En el cristal las huellas de al menos seis disparos. El vehículo paró en el acotamiento, con el motor encendido.

Sánchez Malagón fue Presidente municipal de Apaseo El Alto en el trienio 2009 – 2012, en la segunda mitad del gobierno panista de Juan Manuel Oliva, cuando la violencia en el estado amagaba salir de control.

Los avisos de muerte no faltaron a Malagón.

En 2014 denunció una privación ilegal de la libertad: los municipales lo llevaron por la fuerza ante el alcalde Jaime Hernández Centeno -hoy diputado local del MC-, quien lo habría golpeado y amenazado.

“Estoy amenazado, estoy amenazado por él. Que si sigo haciendo esto va por mis huesos, que si no ‘jalo’ con él me va a levantar otra vez», denunció públicamente -las diferencias obedecían a denuncias por adeudos municipales heredados uno al otro.

Y en agosto del año pasado, fue secuestrado y liberado el mismo día que aprehendieron a José Antonio Yépez “El Marro”, cabecilla del cártel ‘Santa Rosa de Lima’, mandón en la zona Laja-Bajío del estado. Hasta el día de su muerte, Malagón no tenía  protección oficial alguna.

Tras el asesinato a un personaje más de la baraja política de Guanajuato, las autoridades y las siglas relacionadas directamente hacen lo acostumbrado.

El PRI, en boletín y en entrevistas de prensa del secretario general de su comité estatal,  Alejandro Arias -mientras se acicala para ir como diputado local plurinominal-, exigen “que no sea un crimen más que quede cubierto por un manto de impunidad”.

En su comunicado, los priistas urgen a que “autoridades estatales y federales asuman el papel que les corresponde, porque el nivel que ha alcanzado la cifra de homicidios es una situación inadmisible”.

La Fiscalía de Zamarripa, en lo suyo, transcribió alguno de los muchos ‘machotes’ de los que dispone para ocasiones como esta: “La mañana de hoy esta Fiscalía tomó conocimiento de una persona de sexo masculino fallecido en el interior de un vehículo de motor, sobre la carretera que conduce a Tarimoro. A la intervención de personal ministerial, se localiza un vehículo, el cual presenta daños con las características de los producidos por arma de fuego. Se llevan a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos” -ni siquiera la identificación les mereció.

DE TRÁMITE

En Guanajuato, el asesinato a Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, mientras se aprestaba a encabezar un mitin de campaña, despejó cualquier duda sobre los alcances de esa amenaza en el estado.

Se trató de la tercera candidata asesinada en el proceso electoral que aún no concluye en todas sus instancias -Desde 2018, Guanajuato concentra la mayor cantidad de homicidios dolosos cometidos en el país.

La primera víctima mortal de los atentados a políticos, en enero, fue Juan Antonio Acosta Cano, diputado local panista con licencia y precandidato único de su partido a la alcaldía de Juventino Rosas, asesinado mientras caminaba en las calles del centro de su municipio.

Le siguieron Alejandro Galicia Juárez, candidato perredista a regidor en Apaseo El Grande, muerto a balazos en hechos de los que salió herido el delegado municipal de ese partido, Juan Ignacio de la Cruz.

Al corte del asesinato a Alma Barragán, sumaban 88 los políticos asesinados en el proceso electoral 2020-2021 en México; de las víctimas, 34 aspiraban a algún puesto de elección popular en el momento en el que fueron ultimados.

De acuerdo con Etellekt Consultores, lo mismo atacaron a candidatos del PAN, el PRI, Morena, el PRD y MC e independientes. De los 88 políticos asesinados, el 90 por ciento operaban en la escala municipal: alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes locales; aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas. El 75 por ciento de las víctimas fueron candidatos opositores. De los 88 políticos asesinados, 14 eran mujeres.

En mayo asesinaron a tres candidatos, los tres eran de Movimiento Ciudadano, MC.

En los números de la secretaría de Seguridad Pública federal, el estado de Guanajuato encabezó la lista de asesinatos en los primeros cuatro meses de 2021 con mil 263 casos.

Son demasiados hechos de sangre para ignorarlos como lo hacen los distintos órdenes de gobierno, incluida la presidencia de la República.

Del asesinato a Barragán, Amlo aseguró, primero, que el ataque provino de ‘gente que quiere generar inestabilidad’ y afirmó que son personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Luego, el primero de junio, diría que con la difusión magnificada de esos hechos, ‘sus adversarios’ trataban de crear inestabilidad, que en otros comicios la violencia había sido mayor y llamó a la población a salir a votar…

Fiel como el eco, llamó la atención la disciplina de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

De entrada, en reunión virtual con los gobernadores, advirtió que el riesgo de la gobernabilidad y en el proceso electoral, estaba presente en muchas regiones del país y afectaba principalmente a candidatos a cargos en ayuntamientos. “El crimen organizado lo que quiere es territorio y el territorio es precisamente a nivel municipal”. Así, de manera llana.

Sin embargo, luego de la ‘precisión’ del presidente, ante los titulares de los organismos electorales de las 32 entidades, sostuvo que los hechos violentos registrados en las campañas, “en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral”. Y fue todo. Hasta hoy.

Enterrar la cabeza en la arena como hacen los gobiernos federal, de los estados y los municipios -es el caso de Guanajuato-, no resuelve los problemas. Los muertos se multiplican indiscriminadamente y el apartado de ‘los políticos’ se abulta. Callar y hacer callar a ‘los medios amigos’, ni enfrenta el problema, ni evitará que su gravedad trascienda.

Salvo los sainetes en tribunales, el fallo de las urnas está dado. Los candidatos perdedores regresan cabizbajos a su rutina sin dieta. Los vencedores negocian acaso las condiciones de trabajo. Esos son los que preocupan.

Frente a impunidad semejante, no hay discurso posible.

(A) LA JAULA

La Marca de la Casa

De pronto, a mitad de 2020, nos dijeron que Roberto Zermeño era el mero dueño del Estadio León. De su estacionamiento y los terrenos aledaños. Entregaron el inmueble. Es más, los leoneses -porque el dinero no es del gobierno-, pagaron 12 millones de las costas del juicio, que es lo que procede cuando pierdes. Así y todo, el gober Rodríguez dijo que compraríamos el estadio a Zermeño. Ya qué. Todo mundo dijo que no. Esa bandera de campaña se guardó para mejor ocasión. Como es debido, la propiedad aparece pues en escrituras en favor de Zermeño y socios. Si lo de recomprar el estadio quedó en veremos, hace unos días la Feria Estatal de León -otra vez, la feria no, los contribuyentes-, pagaron 55 millones de pesos por el retazo que sería para el Munpic. Que para destinarlo a una central de emergencias de la zona de feria, recitales privados y convenciones de la ciudad. Alguien descubrió que del predio se deben 4 millones 170 mil pesos de impuesto predial. El exsíndico Eugenio Martínez, que harto conoce ‘las tripas’ del gobierno de León, escribió en twitter: “Increíble! Mayor muestra de corrupción no hay! No puedes vender o comprar un terreno con adeudos de predial, mucho menos subdividir. @diegosinhue @JCMunozMarquez @hlsantillana ¿cuánto recibieron $$$$$$?” Así que la compraventa sería improcedente. Eso ha de ser en otras latitudes. Ah, no. Nadie ha ido a la cárcel por ‘perder’ el estadio. Hasta cree…

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