Crimen y rollo

Por Francisco Javier Mares

Desde la invención de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, allá en el inicio del siglo, con Juan Carlos Romero Hicks en la gubernatura y Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, las atribuciones y el desempeño de esa instancia en la prevención del delito, han sido engranes del galimatías que tiene al estado en lo más alto de todas las mediciones de la acción de la delincuencia a nivel nacional.

De la designación del primer titular de esa cartera, el celayense Felipe Arturo Camarena García -primero panista y luego hasta candidato a gobernador verde ecologista-, al secretario en funciones, el leonés Alvar Cabeza de Vaca Appendini -de juez calificador en la barandilla a jefe de los gendarmes de León y secretario de seguridad estatal debutante con Miguel Márquez-, nada parece funcionar ahí.

En la ventanilla de al lado, la de la investigación de los hechos delictuosos, se adereza con yerros el caldo de cultivo de la violencia criminal que consumen los guanajuatenses hoy. Carlos Zamarripa Aguirre -de ‘office boy’ en las agencias del Ministerio Público a personaje todopoderoso del aparato político/policial de la entidad-, fue designado procurador de Justicia en febrero de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, y Fiscal general autónomo en 2019 -cortesía de la actual mayoría panista en el Congreso del estado-, con Diego Rodríguez como gobernador, para un acumulado de 19 años en el empleo, que corre en el calendario.

Alguien convenció a Diego Rodríguez que sería una buena idea traer a una funcionaria desempleada del peñanietismo en retirada, Sophia Huett López. Inventaron un cargo de ‘Comisionada de la unidad de análisis y estrategia para la seguridad en Guanajuato’. Una mera vocería, en realidad. Empoderados Alvar y Zamarripa -al grado de que ni el secretario de Gobierno entonces, Luis Ernesto Ayala Torres, los pudo contener-, fallida la estrategia, en la lógica del priismo -‘te necesitamos tanto que te vamos a ascender’-, Huett despacha desde octubre de 2020 como secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública en Guanajuato. Más de lo mismo.

Avasallado por la realidad y exhibido el maquillaje cotidiano de sus estadísticas, el equipo sigue encerrado en la negación. Y de ahí no hay quien lo mueva, hasta ahora.

La marea desbordante de números rojos en sus responsabilidades, los tiene de nuevo en un brete, ahora, a raíz del asesinato a balazos a siete muchachos, entre ellos un adolescente de 16 años de edad, en un taller de reparación de motonetas en el municipio de Salvatierra, al sur de la entidad.

Más o menos, el cuento va así:

Huett aseguró que los multihomicidios en Guanajuato se ejecutan para intimidar a grupos rivales en la lucha por el control del territorio; invitó ‘a la reflexión’ y, en nota no desmentida del portal ‘Zona Franca’: ‘La funcionaria estatal lamentó que en estos hechos haya víctimas inocentes, sobre todo menores de edad, sin embargo, dijo que algunos de ellos son adolescentes que ya están involucrados en los delitos’. Ups.

Habló también de la necesidad de atacar ‘sus fuentes de financiamiento’, que se desmantelen a nivel nacional o seguirán.

Evidentemente, alguien tuvo que operar para salir a corregir la imprudencia declarativa rutinaria de Sophia, al grado de que al día siguiente los mismísimos Alvar y Zamarripa ofrecieron, cordiales ambos, declaraciones a la prensa.

SÍ, PERO NO

En el municipio todo de Salvatierra y en particular en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, lamentan la tragedia en la que murieron los siete muchachos que ‘siempre anduvieron en buenos pasos’. Dos eran exalumnos del CECyTE, y uno más del Conalep; cuatro eran hermanos que sostenían su taller de reparación de motonetas y al lado un autolavado.

Tan grave habría sido considerado el resbalón de Sophia, que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se dejó retratar en la comida de toma de protesta de la directiva de la Coparmex León, en la que compartió la mesa con el Arzobispo Alfonso Cortés Contreras, quien confiaría luego a los reporteros que el fiscal ‘le mostró su preocupación por las condiciones de violencia que vive Guanajuato’, y él a su vez se comprometió ‘a llevar un mensaje a la grey católica para recuperar la paz en la entidad, desde el interior de cada ciudadano’ -Así los dos pudieron degustar el banquete en Santa Paz.

En fin, Carlos Zamarripa hablaría a la prensa de ‘una respuesta aplastante -que tampoco es una expresión nueva en el grupo que jefatura en los hechos, y que antes tampoco sirvió de mucho- de la autoridad en contra de quienes perpetraron el multihomicidio en Salvatierra’. Y que están a nada de ‘esclarecer’ -que no es lo mismo que ‘resolver’-, el caso.

El fiscal citó que el 92 por ciento de los homicidios ocurridos en el estado son por la disputa entre esas agrupaciones que se pelean el control de las actividades ilícitas en la entidad.

En su turno, en entrevista aparte, Alvar Cabeza de Vaca haría referencia al mismo porcentaje ‘cerca del 92 por ciento de los asesinatos en la entidad están vinculados con este fenómeno’, y resaltaría que la tarea que corresponde al estado, detener a los responsables, sí se está cumpliendo.

Con Huett López, el secretario de Seguridad coincidiría en que en el combate al crimen organizado falta una acción fundamental: ‘golpear los soportes financieros de las estructuras criminales’.

Sin embargo, por lucidor que resulte el nado sincronizado de los funcionarios del ramo, alguien debería recordarles que los ciudadanos demandan no únicamente explicaciones, sino soluciones.

Entre otras nimiedades, ellos cobran y están ahí para evitar que la gente se mate en las calles, y si alguno mata a otro, para que el criminal sea llevado a prisión -‘la primera obligación de todo gobierno es garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos’, reza la sentencia-, y eso no sucede. No en Guanajuato.

El miércoles, los cuerpos de dos policías estatales de San Luis Potosí que habían sido ‘levantados’ en su territorio, amanecieron colgados de un puente vehícular en la capital de Zacatecas -ahí mismo, ese día, siete personas murieron a tiros en un domicilio-. A  propósito, el secretario de Seguridad de Guanajuato, el estado que lidera el índice de policías asesinados, informó que hasta ahora no se conocen amenazas contra uniformados estatales o custodios del sistema penitenciario que ameriten la protección establecida en el decreto firmado por el gobernador en mayo.

Y Zamarripa, en otros temas, diría que los presuntos asesinos del activista Javier Barajas Piña, integrante además de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, -hermano de la ‘Maestra Lupita’ desaparecida y encontrados sus restos en una fosa clandestina, sí, en Salvatierra-, están ‘cerca de ser detenidos, pues están identificados hasta con nombre y apellido.’ Ah, qué bien.

De tropezón en resbalón, ese aparato de prevención del delito y procuración de la justicia en Guanajuato, acumula días, semanas, meses, años en la nómina, y nadie al margen de ella concede que su desempeño es de las competencias requeridas, urgentes. Pero ahí siguen.

(A) LA JAULA

Las libertades

Este fin de semana es dominado por el Arcoiris. El lunes 28 se conmemora el ‘Día Internacional del Orgullo LGBTTI+’. Este 2021, bajo el asedio incesante de la pandemia de ‘Covid-19’, las manifestaciones en defensa de los derechos de la comunidad, en su mayoría virtuales, comienzan desde este viernes. Que no existen las condiciones óptimas para que la edición número 43 de la Marcha del Orgullo LGBTTI+ pueda realizarse, dice el comité organizador en la CdM. Apueste usted a que Marcha, habrá. Al menos en León, aseguran que sí. Este sábado irían desde las dos de la tarde, del Arco de la Calzada a la plaza principal. Banderas de protesta no les faltan. No solo contra el acoso cotidiano de inspectores y policías municipales. Las altas autoridades del estado de Guanajuato, ni siquiera acatan el fallo de la SCJN, de reconocer el Matrimonio Igualitario, entre dos personas del mismo sexo. A menos, claro, que se obtenga, de trámite, un Amparo de la justicia federal. Así es por acá.

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