De la cabeza a los pies

Por Francisco Javier Mares

La cartelera política y legal mexicana no deja de sorprendernos. Todas las semanas programan cosas que antes no veíamos…

En función doble y con permanencia voluntaria:

La Fiscalía General de la República, la FGR de Gertz, tramita órdenes de aprehensión contra 31 académicos y científicos del Conacyt, a los que acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Casi nada.

Y la Cofece, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, multa con más de 170 millones de pesos a la benemérita Femexfut y a 17 de nuestros equipos del alma, por amafiar los salarios y los traspasos en el futbol profesional.

Todo esto, como sea, es nuevo: Si usted lo piensa bien, las cosas están de la patada…

Son 31 exfuncionarios, investigadores y científicos a los que la FGR quiere en la cárcel por disponer de 244 millones de pesos que otorgó el Conacyt al ‘Foro Consultivo, Científico y Tecnológico’, para realizar funciones que ya hacía el Consejo -ilegalmente, pues, dice Alejandro Gertz Manero-, durante el gobierno peñanietista.

Nada más que un juez federal ya negó las órdenes de aprehensión en su contra en dos ocasiones. Le dicen a Gertz que tendría que precisar las acusaciones de manera individual y acreditar ‘la peligrosidad’ de los académicos…, dado que los encamina al penal de máxima seguridad del Altiplano, el de Almoloya de Juarez, en el Estado de México.

Aun cuando la batería de adjetivos en redes y columnas carga contra Gertz Manero, la denuncia la presentó el 10 de julio de 2020 la representación legal del Conacyt -entre los acusados está nada menos que el exdirector general de esa dependencia, Enrique Cabrero Mendoza-.

Después de la segunda negativa, la Fiscalía avisa que irá por ellas de nuevo -“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan (…) y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho».

Y es que el asunto es ya todo un escandalito. En la plataforma Change.org, son miles los que han firmado la petición: ‘Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica’, publicada el martes.

Investigadores de la UNAM difundieron una carta en la que sentencian: «La acusación de delincuencia organizada solo podría sostenerse con una interpretación, perversa y equivocada…” Es más, que las acusaciones son ‘muy preocupantes’ pues dirimen un debate de política científica “en tiempos de encono político y asuntos públicos más urgentes que atender» -así que uno debiera entender que ambas esferas son excluyentes. Ahora lo sabemos.

Aquí es donde encontramos al rector Enrique Graue Wiechers. Se pronunció el miércoles: “Un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”. Lo dijo en la ceremonia de cancelación de la estampilla postal por los 100 años de creación del escudo y lema de la UNAM, presente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Graue instó a los académicos de la UNAM a manifestarse “ante la creciente preocupación por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa”.

A ver, también habría que apuntar dos cosas: que su mera condición de ‘académicos y científicos’ del Conacyt, no tendría por qué librarlos de una eventual acusación penal, sin que ello sea una ‘persecución’ -por Dios, hay curas acusados de violar niños-, y que la ‘Asociación delictuosa’, de acuerdo con el Código penal federal, se configura cuando tres o más personas coinciden en un propósito de delinquir. Aquí nada más son 31.

En ‘la mañanera’ del miércoles, Amlo solo dijo que serán los jueces quienes resuelvan las denuncias. Y ya.

ASÍ ES EL FUTBOL…

Mientras tanto, en cosas que en verdad importan…

La Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofece, acusa que la FEMEXFUT y sus clubes, se coludieron para evitar o inhibir la competencia en el mercado de las contrataciones de los futbolistas, mediante dos arbitrariedades:

• Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras en su liga femenil.

• Y segmentar el mercado de los jugadores varones para impedirles negociar e ir libremente con otros equipos.

Los clubes involucrados y sancionados, son: Pachuca, Tijuana, América, Necaxa, Toluca, Tigres, Santos, Pumas, Rayados, Guadalajara, Morelia, Cruz Azul -¿¡Cómo el Azul!?-, Atlas, Querétaro, León, Atlante y Puebla.

Que desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016, esos clubes definieron un tope salarial, en tres categorías:

Las mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos; las menores de 23 años, solo 500 pesos, pero también ‘un curso para su formación personal’; y las jugadoras de la categoría Sub-17 jugarían sin ingresos, aunque, bueno, ‘podrían tener’ ayuda de transporte, estudios y alimentación -dan ganas de destapar ‘la Olla de los calificativos’ -Vicente Leñero, dixit.

En la temporada 2018-2019, directivos y federativos se pusieron magnánimos: el tope máximo sería de 15 mil pesos y únicamente 4 de sus jugadoras podrían ganar por encima de ese monto -ah, y ‘los apoyos’ en especie no podrían superar los 50 mil pesos ¡por torneo!

La Federación futbolera estuvo atenta a enviar comunicados para recordar a los clubes su obligación de cumplir con el tope salarial, y realizaba inspecciones para verificar que así fuese -esa práctica se mantuvo de noviembre de 2016 a mayo de 2019.

El abuso, evidentemente, repercutió en el ingreso de las deportistas, y agrandó la brecha salarial en razón de género -de la calidad del futbol mexicano, ya ni hablamos.

Lo otro tiene que ver con el descarado ‘Pacto de caballeros’, que sin rubor cacareaban los comentaristas televisivos. Lo que hicieron fue segmentar el fichaje de los jugadores. Los 17 clubes señalados y la FEMEXFUT, acordaron aplicar ‘el derecho de retención’ que según ellos les ‘autorizaba’ a vetar la salida de un jugador al vencimiento de su contrato. Para encubrir ese tipo de turbiedades es que servía ‘el draft’.

En buen cristiano, limitaba la competencia en las contrataciones. Restringió indebidamente la movilidad laboral de los deportistas y su capacidad de negociar salarios mejores. Esas maniobras imperaron a lo largo de 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018 -aunque varios ‘agentes económicos’ participaron durante un periodo menor, concede la Cofece.

Ahora que las partes sean notificadas ya podrán recurrir al Poder Judicial de la Federación, para que revisen la legalidad de la actuación de la Cofece, sonríen en esta instancia.

Una semana atrás reseñábamos aquí cómo el abanico de las acusaciones legales alcanza ahora regularmente, además de a los políticos, a figuras de la farándula -el caso de la presentadora Inés Gómez Mont-, y ya nos adelantan que se suman la Trevi y su marido. Ahora los reflectores judiciales iluminan a ‘científicos y académicos’. Y ya llegamos al futbol. Filias y fobias aparte, ha de ser que ya nada es igual…

(A) LA JAULA

De terror…

Son taaan predecibles. Lo dicho, un ‘asunto entre particulares’, fue la tangente más conveniente para que el Gobierno del estado saliera del brete del atentado ‘No Terrorista’, que arrebató la vida a dos salmantinos y tiene en el hospital a cuatro más. El fiscal Zamarripa informó de la detención de Georgina y Eduardo. Los identifica como ‘exsocios comerciales’ del restaurante-bar ‘Barra 1604’. Que conocían a Mauricio Salvador, con quien ‘tuvieron negocios que acabaron en discrepancias por un adeudo millonario’. Que el ‘regalo-bomba’ que escandalizó al país y atrajo la atención de la prensa internacional, ‘es de fabricación artesanal’. Los acusan de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Que los encontraron por el taxi que utilizaron para ir de Salamanca a Cortazar. Ah, y que ningún grupo del crimen organizado, tuvo algo que ver. Eso que quede claro.

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