SAPAL, la infamia

Por Francisco Javier Mares

Este viernes hará un año de la muerte de cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, el Sapal, en el módulo de desbaste de su planta de tratamiento de aguas residuales, en el fraccionamiento industrial ‘Santa Crocce’ a la salida a San Francisco del Rincón.

En ‘Tigres…’, advertimos entonces -el lunes siguiente-: “El presidente del Sapal, Jorge Ramírez, apura la defensa de los protocolos y el equipamiento; el expediente queda en las manos del fiscal estatal Carlos Zamarripa; el sindicalista de la CTM -es un decir-, Hugo Varela, sabe de negociaciones. No suena bien”. 

Y no. Un año después, en el Sapal y en el Ayuntamiento de León, la tragedia y los deudos les importan tanto como el día de los hechos…

Ese viernes 13 de noviembre de 2021, el Sapal envió un primer boletín, de ocho renglones, a las 23.36 horas, solo para confirmar lo sucedido:

“Sapal siempre ha contado con medidas y protocolos de seguridad estrictos y desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido…”

Al día siguiente, sábado a las 17:01 horas, el Sapal, en un segundo boletín ofreció su versión tramposa de la tragedia:

“Nuestro personal técnico realizó un monitoreo ambiental (…) Permite suponer que se generó una alta concentración de gases tóxicos en un área abierta, es decir, al aire libre dentro de las instalaciones.”

A las 17.52 horas del mismo sábado, casi 24 horas después de los sucesos, la muerte de cinco trabajadores del municipio mereció por fin una mención al alcalde panista, ido ya, Héctor Germán René López Santillana, un tuit de 28 palabras:

“Lamento el fallecimiento de 5 colaboradores de @Sapalleon, nuestro total apoyo a sus familias ante tan lamentable hecho y toda la colaboración de la institución para determinar las causas” -fue todo.

En declaraciones al diario ‘a.m.’, el presidente del Sapal, el empresario Jorge Ramírez Hernández, claro que revictimizó a los fallecidos:

“Sí tenemos protocolos de seguridad, se les entregaron mascarillas… y desgraciadamente no las llevaban puestas en su momento” -luego entonces: ellos tuvieron la culpa.

La tragedia ocurría a menos de dos meses que el Sapal se hiciera cargo de la operación de la planta; el 23 de septiembre había vencido la concesión a ‘Ecosys III’, que la tuvo por 20 años. La recuperación se hizo con fuerza pública, rotura de cerrojos y todo el ceremonial acostumbrado en esas diligencias. Sapal pagaba a la empresa 200 millones de pesos al año y se quejaba de incumplimiento en el servicio; la empresa hacía lo propio respecto al agua que le daban a tratar.

En septiembre de este año, sin pudor alguno, la fiscalía de Carlos Zamarripa pidió ‘más tiempo’ para la indagatoria; reconoció que no tenían un ‘diagnóstico’ para inculpar a presuntos responsables; y argumentó la necesidad de recabar otras pesquisas en el lugar de los hechos. Sí, prácticamente un año después.

OBREROS

El 14 de octubre pasado, los deudos se manifestaron en la sesión del pleno del Congreso local. “Se fue Santillana sin resolver el caso de los 5 fallecidos el 13 de noviembre del 2020”, se leyó en una de las pancartas que levantaron mientras hablaba en tribuna el morenista David Martínez.

Martínez Mendizábal, propuso un exhorto al Ayuntamiento de León –ya con Alejandra Gutiérrez en la silla de la cabecera-, para la conformación de una comisión mixta, de ediles y ciudadanos, que investigue la violación a los derechos laborales de las víctimas y diera inicio a los procesos legales por su muerte.

También a la fiscalía de Zamarripa, al propio Sapal y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que informen de su quehacer en el caso. Por supuesto la propuesta se envió a Comisiones, sin aprobar su ‘obvia resolución’ -Ni cinco muchachos muertos, mueven a la mayoría blanquiazul.

Este martes, hartos, los familiares de tres de los trabajadores fallecidos en la planta del Sapal, anunciaron que irán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. La tardanza y las omisiones de las autoridades ministeriales, administrativas y de defensa de las garantías civiles en Guanajuato, mantienen el caso en la impunidad más absoluta, denuncian -Los hechos, a un año de distancia, les conceden toda la razón.

Esa es la opción que encuentran ante la recomendación de la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, PEDHG, que encabeza el panista Vicente Esqueda, tardía e insuficiente.

De la ‘investigación’ que realiza la Fiscalía General del Estado, FGE, reconocen únicamente un sinnúmero de irregularidades.

A un año de distancia, el Sapal de la gestión de Héctor Germán René como Presidente municipal de León, privilegió el gasto en abogados y juicios civiles y apostó a la comunión política, antes que saldar su compromiso legal, económico y moral con las familias de cinco trabajadores suyos, muertos casi anónimos. De punta a punta, pues, sintonía con la marca que impuso el jefe de la casa…

El presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez, y su director, Enrique de Haro, han ofrecido a las familias de los trabajadores entre 30 mil y 150 mil pesos -que la ley contempla en un despido injustificado -total, ha de ser como lo mismo, ¿no?

“Algo está muy podrido ya en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, el Sapal”, escribimos también en su momento. Seguimos pensando lo mismo.

(A) LA JAULA

Israel.

En la otra efeméride dolorosa -mayoría abrumadora en Guanajuato- que trajo la semana, este martes se cumplió un año del asesinato al reportero Israel Vázquez Rangel. Fue ejecutado a balazos, la madrugada del lunes 9 de noviembre de 2020, en Salamanca. Hacía su trabajo. Cubría una información sobre restos humanos abandonados en la vía pública. El vecindario, reacio a codearse con uniformados, llamó primero a ‘El Salmantino’. Israel acudió. Tenía 31 años de edad. Lo levantaron con vida y murió al mediodía, en el hospital de Pemex. Le habían pegado cinco tiros. De su muerte, la fiscalía filtró versiones que lo revictimizaban -qué raro-. Ningún ‘esclarecimiento’ -raro también-. Federales y alcaldes, siguen sin dar resultados. La Fiscalía y la secretaría de Seguridad Pública del estado, no tienen responsabilidad alguna en ello. Eso ya nos lo aclararon…

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