Juez ordena a la SEP revisar libros de texto gratuitos 2023-2024

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ha determinado un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumpla con la suspensión que fue ordenada en mayo pasado. Dicha suspensión exige someter a revisión y rediseño los libros de texto gratuitos de nivel básico que serán distribuidos para el ciclo escolar 2023-2024.

Con base en los artículos 136, 158 y 209 de la Ley de Amparo, la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos han sido requeridas para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar dictada en la resolución del 25 de mayo de 2023, dentro de las próximas 24 horas.

El encargado de despacho de la Unión de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez, informó que el 26 de mayo presentaron un amparo, y a la fecha, la SEP no ha proporcionado la información requerida en tiempo y forma, lo que sigue afectando el proceso judicial en curso.

Es importante destacar que la violación a esta suspensión constituye un delito federal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión. Sin embargo, la jueza solo puede imponer multas y denunciar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), quien tendrá la facultad de decidir si acusa a los funcionarios responsables.

La jueza que dictó la suspensión en mayo hizo hincapié en la necesidad de cumplir con cada etapa prevista por la ley para la impresión de los libros de texto de educación básica, asegurando así su contenido pedagógico acorde con los intereses superiores de la infancia y los objetivos democráticos y académicos. También ordenó la interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales en este proceso.

La SEP ha impugnado la orden ante un tribunal colegiado de circuito, pero hasta el momento no se ha emitido una sentencia. Por tanto, en teoría, la autoridad debe acatar la orden de la jueza.

La jueza también expresó que las autoridades no han garantizado un procedimiento participativo que involucre a los gobiernos estatales y a los especialistas en materia educativa, tal como les fue requerido, a pesar de la inminencia del ciclo escolar 2023-2024. Esto ha generado controversia y preocupación entre los actores sociales involucrados en la educación.