Tlatelolco 68

Por Francisco Javier Mares

“Confiaremos en la mala memoria de la gente,
ordenaremos los restos,
perdonaremos a los sobrevivientes,
daremos libertad a los encarcelados,
seremos generosos, magnánimos y prudentes”.

(Tlatelolco 68. Jaime Sabines)

De la hilarante versión de la conjura de la Izquierda Internacional, que siempre defendieron Gustavo Díaz Ordaz y sus corifeos, y que se narra en el libelo “El Mondrigo” –supuesta bitácora del Consejo Nacional de Huelga, encontrada al cuerpo de uno de los estudiantes asesinados-, a los documentos que Javier García Morales, nieto del entonces Secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, entregó en 1999 a Julio Scherer García y a Carlos Monsiváis, para la edición del libro “Parte de Guerra. Tlatelolco 1968”, lo que pasó la tarde y noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ha sido documentado de manera suficiente. Son ya 52 años. Pero nunca está de más.

“Entre 7 y 8 de la noche el general Crisóforo Mazón Pineda, me pidió autorización para registrar los departamentos (en Tlatelolco) desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se les autorizó el cateo.

«Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí un llamado telefónico del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: Mi General, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes, todos alcanzaron a salir de donde estaban; sólo quedan dos que no pudieron hacerlo, están vestidos de paisanos, temo por sus vidas. ¿No quiere usted ordenar que se les respete..?”

En su momento, con dramatismo, lo denunció la reportera italiana Oriana Fallaci, herida con tres balazos en el Edificio Chihuahua. En su libro “Nada y así sea”, compila las historias que rompieron el cerco informativo del gobierno de Díaz Ordaz, para quien desde entonces la periodista se convirtió en una obsesión, suficiente para evitar que volviera a entrar al país. Oriana murió el 15 de septiembre de 2006.

La manifestación de los estudiantes en Tlatelolco inició alrededor de las cinco de la tarde, los tanques militares rodeaban la plaza y, sentados en ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas, pero no había una situación particularmente tensa. Al atardecer, se habían reunido ahí más de 5 mil personas.

Los militares recibieron la orden de impedir el mítin. Un grupo de oficiales vestidos de civil, conocido como el “Batallón Olimpia”, tenía sus propias instrucciones. Debían llevar un guante blanco en la mano izquierda y apostarse en los pasillos del edificio Chihuahua justo frente a la plaza. En su momento, impedir que cualquiera entrara o saliera, mientras los dirigentes estudiantiles eran detenidos.

Casi nadie lo supo entonces, sino hasta 30 años después -con la publicación de Julio Scherer y Carlos Monsiváis-: Luis Gutiérrez Oropeza, el jefe de Estado Mayor Presidencial, había apostado en el piso superior del edificio Chihuahua a 10 hombres armados y les había dado órdenes de disparar sobre la multitud.

Justo en el momento en que el orador Sócrates Amado Campos Lemus –señalado luego como traidor por el Consejo Nacional de Huelga, el CNH-, anunciaba que la marcha hacia el casco de Santo Tomás, en el campus del Politécnico, se suspendía para no dar pretexto a la violencia, brillaron dos bengalas en el cielo. Fue cuando se inició la balacera.

A más de 50 años de la Plaza de las Tres Culturas ni siquiera sabemos el número exacto de las personas que murieron.

Tal vez, y sólo tal vez en una Democracia muchas de las preguntas que aquí siguen sin respuesta, se habrían obtenido de manera inmediata: con autopsias y certificados de defunción; denuncias penales; reportes de policía; registros de hospital; películas; fotografías y periodismo de investigación.

Ante la negativa del gobierno mexicano a explicar su papel durante los decenios que siguieron a 1968, lo han intentado periodistas, escritores, ex dirigentes del movimiento, historiadores, voceros oficiosos y analistas políticos. Una «Comisión de la Verdad», independiente fracasó en 1993 por la falta de recursos y autoridad. “La Comisión Especial del 68” lo intentó en 1998, pero no obtuvo evidencias. Nadie ha resuelto la incógnita.

Al asumir su cargo en el año 2000, el Presidente Vicente Fox prometió esclarecer los acontecimientos de Tlatelolco. Más con fines propagandísticos que por un compromiso con la historia, nombró a un fiscal especial para investigar la «guerra sucia», y abrió algunos archivos al escrutinio público. Fox, como en casi todas sus acciones, fue por los reflectores mediáticos.

En los días, semanas, meses, años y décadas que siguieron a Tlatelolco, el rango de estimación del número de víctimas ha oscilado sin control. El vocero del presidente Gustavo Díaz Ordaz, calculó que unas siete personas habrían muerto; luego dijo que 20. “El Día” contó 30 cuerpos. “Siempre!” contó 40. El 5 de octubre, el CNH, dijo que 150 civiles y 40 soldados habían muerto. «¡Ninguno!», dijo el general José Hernández Toledo a “Proceso” cuando fue interrogado en 1978. En 1993, Félix Fuentes –reportero de “La Prensa” cuya crónica había estremecido a los lectores, sólo pudo especular. «…, entre 200 y mil 500».

Ni siquiera la “Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” pudo, al cierre de su trabajo el 30 de noviembre de 2006, acreditar el número real de muertos en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, a pesar de cinco años de investigación.

Ocho meses después de que la organización “Archivos Abiertos” emprendió su búsqueda de registros oficiales, publicó una lista que confirma la muerte de 44 hombres y mujeres; 34 están registrados por su nombre y 10 más, como “desconocidos”.

SIN CULPABLES

Sólo 37 años después de los hechos del 2 de Octubre de 1968, el 1 de julio de 2006, un magistrado federal de la ciudad de México ordenó la aprehensión de Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación durante el movimiento y Presidente de México de 1970 a 1976, como presunto responsable del delito de genocidio.

Esta sería la primera vez que un ex mandatario enfrentara un juicio judicial de esta naturaleza, y pudo haber sido sentenciado por un delito de lesa humanidad.

No sería así. No, en México. Apenas tomada la decisión de enjuiciarlo, José Angel Mattar Olivar, titular del segundo tribunal unitario penal, informó que debido a su edad avanzada, 86 años, y el precario estado de salud de Echeverría, le concedería el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria.

Por si fuera poco, para el juez, otros inculpados ni siquiera podían ser juzgados porque habría prescrito el delito de genocidio, el 2 de Octubre de 1998. Para Echeverría, sin embargo, la prescripción contaría a partir del final de su mandato como Presidente, puesto que durante 6 años contó con fuero Constitucional. Nada de eso importó.

Se ordenaría la aprehensión –domiciliaria- del ex Presidente, pero se cocinaba su salto definitivo a la impunidad. Luis Echeverría, efectivamente, fraguó, propuso y tuvo dominio de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, sin que para ello actuara en cumplimiento de un deber o la salvaguarda del estado.

En la resolución, se consideró que Echeverría en su calidad de secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, planeó con éste y otros funcionarios destruir al “grupo nacional” que se formó con el movimiento estudiantil de 1968.

Contenido en un total de 920 fojas, el fallo emitido por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, subraya que no se puede invocar como justificación de la represión estudiantil de 1968 “la necesidad de la salvaguarda del Estado en sí mismo, máxime que no hubo racionalidad ni proporcionalidad en la medida tomada…”.

Enamorados de la contradicción en México, habría que decir que en esto ninguna vuelta de tuerca es inútil: que hay que insistir para desmentir aquello de que “aquí, en México, nunca pasa nada y, si pasa, tampoco…” Sí bueno, pero en este 2020, el Año de la Peste, ni marcha habrá, acaso ‘una reunión.’

(A) LA JAULA

La Corte

El Ministro Presidente Alturo Saldívar se pronunció a favor de la Consulta, luego, las señoras y los señores magistrados votaron que sí: La Consulta es Constitucional. Irá al Senado.

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