A sangre fría

Por Francisco Javier Mares

En 2019, el año más violento en México, el estado de Guanajuato es primer lugar en asesinatos: 3 mil 540.

El discurso oficial dirá que Guanajuato es sexto en la tasa de homicidios dolosos: 44.95 casos por cada 100 mil habitantes. Pero esos son juegos de números, juegos políticos, y nada es tan manipulable como la estadística.

Lo cierto es que Guanajuato cambió. Para mal.

De las grandes mafias, allá en los 80, todavía en el jurásico priista, los periódicos escurrían noticias sensacionales que se gritaban en las esquinas. Informaban del descubrimiento de pistas clandestinas en ranchos y serranías. Avionetas abandonadas. No más.

En septiembre de 1985, llegó a León la abogada Alejandrina Gámez Rey. Era la primera Agente del Ministerio Público Federal en tierras guanajuatenses. Con ella, un par de gordos malencarados. Voces empresariales protestaron por la irrupción federal en el vecindario. Tenían mala fama. No los queremos, no los necesitamos, decían.

El oficialismo, si acaso, machacaba que Guanajuato era un estado ‘de paso’ para la delincuencia organizada. En el centro geográfico del país, obligado en el trasiego de drogas hacia el norte y artículos de contrabando y armas rumbo al sur. Las escaramuzas esporádicas obedecían a los límites naturales de la entidad con nichos tradicionales de la violencia, como Jalisco y Michoacán.

De León en particular, la sabiduría popular ilustraba que había paz por que ‘ahí viven los narcos o estudian sus hijos’. Cierto o no, León, la ciudad más desarrollada y poblada de Guanajuato, parecía exenta de la violencia del crimen organizado de por sí, ocasional. La autoridad se permitía mirar hacia otro lado.

De la llegada de la fiscal Alejandrina a la apertura de la primera ‘Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo’, aquellas ‘UMAN’, en septiembre de 2005, transcurrieron exactamente 20 años -otros 15 años- después el 2020 encuentra a Guanajuato malherido.

En 1991, el Partido Acción Nacional había abrazado, radiante, la gubernatura de Guanajuato que le regalaba el presidente Carlos Salinas de Gortari, priista. Como sea, el gobernador interino impuesto Carlos Medina Plascencia y los electos Vicente Fox Quesada -al final del ejercicio, Ramón Martín Huerta como sustituto- y Juan Carlos Romero Hicks, transitaron sin escandalera el rubro.

POLÍTICOS Y POLICÍAS

Con Juan Manuel Oliva -el calderonismo en la cima-, el sol no se ocultaba detrás de un dedo. En 2008, Guanajuato aparecía a media tabla en el ‘top’ de las ejecuciones en el país. El lugar 16 ¡Con más de 70! Un número superior al que reportaron los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí o Querétaro.

Las tres principales organizaciones del tráfico de drogas fraccionaban el país: el Cártel de Sinaloa, de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; el Cártel del Golfo, y su brazo armado “Los Zetas”; y La Familia, oriundo del estado de Michoacán.

A los centros de operaciones emblemáticos del crimen organizado, como Baja California, Sinaloa o Tamaulipas, se sumaban otros hasta entonces ajenos a su influencia: el Distrito Federal, Hidalgo, Aguascalientes… o Guanajuato. Aquí, ya estaban ‘Los Zetas’, acá brincaron los michoacanos. El Cártel del Golfo y La Familia en disputa a tiros por el control de la autopista de doble circulación de las drogas, el contrabando y las armas.

Se había fracturado la convivencia tradicional en el estado. Los funcionarios, los políticos, los medios de comunicación, los empresarios, el comercio, la Iglesia, los ciudadanos de a pie, todos percibíamos ya de manera diferente, no había de otra, la vida en Guanajuato.

Entonces ocurrió lo peor. Sus guerras intestinas, multiplicaron los cárteles. El narcomenudeo se hizo más apetecible que el trasiego. La guerra de Felipe Calderón hizo de las calles ríos de sangre. Asaltos a los cuarteles y ejecuciones a civiles y policías a plena luz del día. El mercado criminal se diversificó: al tráfico de droga se sumaron el narcomendudeo, los secuestros, el cobro de piso, la pornografía infantil, el tráfico de órganos, el robo de vehículos, la trata de personas… y el ‘huachicoleo’.

En Guanajuato, con el sexenio de Miguel Márquez vino el derrumbe. De nada sirvieron los más de 3 mil millones de pesos invertidos en un solo programa de seguridad, ‘Escudo’. Todo empeoró. El gobernador en funciones, Diego Sinhue Rodríguez, administra el caos. Mal. Las mismas personas con las mismas acciones, aseguran los mismos resultados -hasta Einstein entendía eso-.

Entonces, nadie tiene derecho a llamarse a sorpresa. La entidad ‘evolucionó’ de ruta obligada para el tráfico de marihuana, primero, y cocaína, después, a los Estados Unidos, a zona de guerra. Con el robo de combustible a los ductos de Pemex, el Cártel Santa Rosa de Lima, desde su núcleo de operaciones en el Municipio de Villagrán, ubicó a Guanajuato en la alerta nacional.

El fruto prohibido tentó al Cártel Jalisco Nueva Generación y entre los dos nos hundieron en una guerra que no acaba. Hoy, cualquier hijo de vecino sabe de la posibilidad real de hallarse de pronto a mitad de una acción violenta de los emisarios del crimen.

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 el 65% de los homicidios dolosos se concentraron en 10 entidades del país, encabezadas por Guanajuato, el Estado de México y Michoacán. En diciembre se cometieron en Guanajuato 329 asesinatos y se confirmó como el estado más violento de la República.

De manera calculada, en la víspera del informe anual del Secretariado de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa salieron a rueda de prensa a informar de la detención de 24 personas a las que acusan de ejecuciones y tráfico de drogas en la región Laja-Bajío. En el universo de la violencia, poca cosa.

LA JAULA

Rocío Naveja toma el lugar de Luis Alberto Ramos (+) al frente de esa entelequia que es el OCL ¿Reflectores y negocio? Al menos ya no inició con porras. Pero no tarda.

Correspondencia: tigresdepapel001@gmail.com