Busca PRI que presidente aclare destino del préstamo del Banco Mundial

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado José Huerta Aboytes presentó una propuesta de punto de acuerdo, a fin de exhortar al presidente de la República, para que aclare el destino del préstamo solicitado al Banco Mundial aprobado el 10 de mayo de 2020.

En su exposición, el legislador dijo que ven con preocupación las artimañas en que ha incurrido el Presidente López Obrador, al insistir que no endeudaría más al país, pero al mismo tiempo, está documentado que desde que tomó protesta el primero de diciembre del año 2018 y hasta el día de hoy, ha obtenido cinco préstamos del Banco Mundial, que suman en total 2 mil 130 millones de dólares.

El diputado Huerta enumeró cada uno de los préstamos del Banco Mundial al gobierno de Obrador cuya cifra total es inferior en apenas 201 millones de dólares que lo que el Banco Mundial prestó a México durante todo el sexenio anterior.

Así también, refirió que se debe aclarar el destino del recurso, pues Hacienda negó que el préstamo reciente de mil millones de dólares, impacte el techo de endeudamiento, además de asegurar que no se aplicará a financiar el programa de respuesta contra el coronavirus, sin embargo, el documento del Banco Mundial revela que el programa de Financiamiento de Políticas de Desarrollo “apoya parte de la respuesta de las autoridades a la crisis económica y social desencadenada por la pandemia global de covid-19”.

“Eso hay que aclarar, quién tiene la razón”, añadió el diputado.

Al no precisarse a qué se destinará específicamente se está contraviniendo lo normado en el artículo 4 fracción IV de la Ley Federal de Deuda Pública, pues no se podría cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público, pues se desconoce al momento su destino.

Además, por consecuencia de lo anterior, se estarían contraviniendo diversas disposiciones normativas contenidas en la Ley Federal de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Huerta también se refirió a un tuit del subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, quien señaló que el crédito que se hace referencia no tiene destino específico.

En resumen este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al COVID19.

Para las finanzas públicas, el costo del endeudamiento es ahora de una magnitud comparable con las partidas que son destinadas para la salud o la educación y supera ampliamente los recursos que el Estado canaliza a la inversión productiva, muestran las cifras de Hacienda.

El Grupo Parlamentario del PRI también observa con preocupación las previsiones de analistas de BBVA y CitiBanamex, quienes señalan que la deuda pública este año puede crecer el doble que durante todo el sexenio anterior y así establecer una nueva marca histórica.

Además de que como la deuda es contratada en dólares, en caso de que se siga teniendo una depreciación del peso frente al Dólar, se podría incrementar el costo de la deuda de forma proporcional a la depreciación de nuestra moneda.

En un escenario adverso en el que la economía mexicana se desplome 12% este año, la deuda se puede incrementar casi 15 puntos porcentuales del PIB durante el segundo año del gobierno actual, al pasar de 44.7% en 2019, a 59.2% en 2020, de acuerdo con cálculos de las instituciones mencionadas.

Es lamentable que el titular del poder ejecutivo federal, pudiendo optar por cancelar sus obras o temas que no coinciden con el desarrollo del país, y ante tal situación de gravedad, mantenga este criterio de endeudamiento.

Finalmente el diputado José Huerta subrayó que nada tiene malo de acudir al endeudamiento, lo criticable es que se haga en la opacidad, en lo oscurito, de espaldas a los gobernados, y que no se destinen a proyectos públicos preventivos, para atender las emergencias de salud, económicas, y sociales desencadenadas por la crisis sanitaria.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.