Condena PRI amenazas y comentarios perversos en contra de jueces por suspensión de reforma eléctrica

El Grupo Parlamentario del PRI por conducto del diputado José Huerta Aboytes, condenó las amenazas del Presidente López Obrador, al Juez que otorgó amparos contra su reforma eléctrica.

Asimismo, el legislador priista expresó su respaldo a los juzgadores, además de reprochar que se atente contra la división de poderes.

“Lo grave de ello, es que ese tipo de presiones que buscan anular el efecto protector del juicio de amparo; y que pretenden que las leyes y las sentencias se ajusten a los caprichos presidenciales, solo se estila en los gobiernos dictatoriales”, enfatizó el diputado José Huerta.

Agregó que el Grupo Parlamentario del PRI reprueba esos frívolos y perversos comentarios en contra de los juzgadores, porque descarrilan la buena marcha de la República, en momentos, como este, en los cuales, el imperativo debe ser la concordia y la unidad nacional.

Añadió que la reforma de Obrador pretende dar al traste con los ajustes estructurales en materia de energía eléctrica que se gestaron en el sexenio anterior; y a juicio de quienes invirtieron al amparo de los mismos, vulnera sus derechos fundamentales.

En ese marco, es lógico que quienes sientan amenazados sus intereses por la aplicación de las reformas a la ley busquen el amparo y protección del Poder Judicial de la Federación.

Lo absurdo sería que se mantuvieran pasmados, indiferentes y pasivos ante una medida gubernamental que consideran lesiva de su estatus jurídico y de sus intereses patrimoniales.

El legislador priista puntualizó que quienes acudieron ante los tribunales lo hicieron de manera legal y respetuosa, pero el Presidente tachó de traidores a la patria a los abogados que en ejercicio de su noble profesión han asistido a los solicitantes de amparo.

Y además, hostigó al juez Juan Pablo Gómez Fierro, por haber concedido la suspensión provisional del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

A este impartidor de justicia, sin prueba alguna y sin ninguna consideración lo ha señalado de ser sospechoso de responder a intereses privados, aduciendo que procedió como si los jueces “estuvieran al servicio de los particulares”.

A ese respecto, el diputado José Huerta recordó al ejecutivo federal, que por supuesto, todos, absolutamente todos los servidores públicos, incluido él, están al servicio de los particulares, en el caso de los jueces, al servicio de los justiciables.

Y eso no constituye ninguna irregularidad. Esa es la esencia del servicio público; y además, como consecuencia de la división de poderes, los jueces no están al servicio del señor presidente. No son jueces de consigna, son juzgadores imparciales.

Pero además, dijo que cuestionar la función jurisdiccional, sin sustento, por consigna y sin pruebas, atenta contra el orden constitucional, porque pone en riesgo el ejercicio de la división funcional del poder.