Expresidentes ‘al bote’

Por Francisco Javier Mares

Lo de siempre: a sus opositores les encanta hablar de lo que conviene a AMLO…

En este mes de julio que apenas agarra vuelo, su fijación en los medios, las redes sociales y en los corrillos políticos de café, es la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes de la República.

Más allá del parloteo de prosélitos y malquerientes en cualquiera de esos espacios, esta es la primera consulta de carácter nacional y formal en la historia del país.

Sus resultados, los que sean, serán jurídicamente procedentes si alcanzan el 40 por ciento de participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal dispuesta, algo así como 37 millones de votantes -el Artículo 35 de la Constitución federal, precisa que el resultado sería entonces vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para ‘las autoridades competentes’.

A final de cuentas, la pregunta única fue redactada y avalada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN  -solo a los mexicanos se nos ocurre dejar asuntos de redacción en manos de los jueces.

Después de largas y sesudas discusiones, quedó así:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Por supuesto a nadie dejó satisfecho semejante galimatías, pero esa será -en la Corte, se aprobó con 8 votos favor y 3 en contra.

La pregunta, sin nombres ni apellidos ni temporalidad, es al menos ambigua. Vaya usted a saber luego qué autoridades determinarán cuáles son ‘las decisiones políticas’ referidas; quiénes los actores; y cuándo habría que juzgarlos -aunque la Ley Federal de Consulta Popular establece que “cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez” -cinco expresidentes sometidos a proceso penal en tres años. Hm, no.

Como sea, en su momento -una vez agotadas las impugnaciones, si las hay-, el INE enteraría a la Corte el resultado de la consulta y ésta, “notificará a las autoridades correspondientes para que, en el ámbito de su competencia, realicen lo conducente para su atención” -otra vez, en buen cristiano, eso y nada son ‘dos nadas’.

En lo que sí hay consenso es que en términos jurídicos estrictos, la consulta es innecesaria. Efectivamente, si las fiscalías disponen de indicios suficientes respecto de la comisión de un delito, ello les obliga a investigar, no a esperar los resultados de un sondeo. ‘La justicia no se consulta, se aplica’, tararea la oposición a AMLO. Y el estribillo estaría en lo correcto. Ahora, de eso a que la consulta, legalmente acreditada, es un ejercicio político acertado en el camino de la democracia participativa, tampoco habría que negarlo…

Respecto al costo, 528 millones de pesos, bueno, ese es únicamente otro de los clavos ardientes a los que se aferran los opositores a la consulta, para descalificarla.

La pregunta -‘Ciertamente’, subrayaría uno de los personajes implicados-, dista mucho de la propuesta original del presidente:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Era una propuesta sin rodeos. Someter a consulta investigar y procesar penalmente o no a cinco expresidentes por la eventual comisión de delitos antes, durante y después de sus ejercicios. Determinar si se podía concluir o no con sentencias condenatorias. Simple.

CUENTAS PENDIENTES

Y a todo esto ¿Por qué queremos enjuiciar  a los expresidentes?

Al vuelo, como casi todo lo que ahí se dice, en su conferencia ‘mañanera’ del martes 22 de junio, AMLO enlistó sus razones -eso, las suyas:

A Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) “porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”.

A don Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda”.

A nuestro coterráneo, Vicente Fox y Quesada(2000-2006) “porque engañó al pueblo (…) y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que ‘cargó los dados’ en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón”.

A Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres».

Y a Enrique Peña Nieto (2012-2018) “por los actos evidentes de corrupción (…) sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición”.

El próximo 1 de agosto, para la consulta popular se instalarán en el país alrededor de 57 mil mesas receptoras del voto. Mas de 287 mil personas se encargarán de ellas. Se elegirán -ya encarrerados-, entre quienes participaron como funcionarios de casilla en las elecciones del 6 de junio.

Hasta el presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, el inefable Lorenzo Córdova, reconoce a la consulta como “un ejercicio de democracia participativa (…) un ejercicio democrático inédito en el que el INE garantizará condiciones de legalidad, equidad, certeza y transparencia”.

AMLO, a su vez, llama a participar en la consulta, porque los medios de comunicación no lo van a hacer “los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos de intereses creados…” -ya conoce usted ese discurso.

Sin embargo, AMLO ya dijo que él no va a participar y que si lo hiciera votaría por el no, porque su fuerte no es la venganza… -Oh, pues.

(A) LA JAULA

Perder la paciencia.

Apenas el primer fin de semana de lluvia y consumidores ausentes en la Feria de Verano de León, el presidente de su patronato organizador, el diputado federal panista con licencia, Juan Carlos Muñoz Márquez, comienza a perder la paciencia. Receta a quien lo quiera escuchar, que el riesgo de ‘un repunte’ de la pandemia de ‘Covid-19’ también existe en la oruga, en la discoteca. Que muchos no quieren acudir a la feria, pero sí van a las bodas, a los XV años, donde hay multitudes. Es por demás…

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