No pases por Salamanca

Por Francisco Javier Mares

Salamanca es la pieza del rompecabezas Guanajuato más importante -por su ubicación geográfica, su población y su economía-, que conquistó Morena hasta ahora. Su ‘Cabeza de playa’.

Vecina de Irapuato, al centro del corredor industrial del estado; una economía que gira en torno a la refinería ‘Antonio M. Amor’, de Pemex, desde 1950, apuntalada por la termoeléctrica de la CFE, y a partir de 2014 domicilio de una planta automotriz de Mazda, Salamanca, 327 mil 417 habitantes según el censo 2020 del Inegi, es el cuarto municipio con mayor población en Guanajuato.

En 2018, Morena ganó su alcaldía con la ex panista Beatriz Hernández. El trienio fue una oda a la violencia. Pero Morena repite en este 2021. César Prieto, el tercero de la dinastía, derrotó al panista Isaac Piña. Y la diputación local, la única que perdió el PAN, también es para Morena, con Cuauhtémoc Becerra. Tan solo el exalcalde Justino Arriaga, azul, se quedó con el Distrito 08 federal, y será repetidor en el Congreso de la Unión.

Hoy, por las malas, las más socorridas en Guanajuato, Salamanca es nota nacional y referencia en las agencias noticiosas internacionales…

Ha ocurido ahí un atentado con los ingredientes suficientes -el más nítido: sean indistintos el número y la identidad de las víctimas-, para catalogarlo como ‘Terrorismo’ -está por verse, si ‘Narcoterrorismo’.

Dos emprendedores, propietarios de un restaurante-bar en esa ciudad, murieron al estallar un ‘regalo bomba’ que recibieron en el festejo por el cumpleaños de uno de ellos, la tarde/noche del domingo anterior -hay cuatro heridos, músicos del lugar y uno de los dos motociclistas de la empresa de envíos que entregaron ‘el paquete’ -hospitalizado, pero no en calidad de detenido.

El suceso califica como una escalada, otra, de la violencia criminal que somete a Guanajuato; sumió en el miedo a la comunidad; alertó a los inversionistas; ‘escandalizó’ a los políticos; sacudió el discurso oficial, pero apenas espabiló a las corporaciones de seguridad, en un estado hundido en la pelea de dos cárteles por el control del territorio, el narcomenudeo, el robo de combustible, el secuestro, los feminicidios, la extorsión, las personas desaparecidas, las fosas clandestinas y la violación a los derechos humanos de integrantes de los colectivos de la sociedad.

A nada del crimen, más rápido que ya, se reunieron la alcaldesa Beatriz Hernández; el secretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca; el fiscal, Carlos Zamarripa; David Carmona, de la FGR; el Comandante de la XVI Zona Militar, Sergio Ángel Sánchez; el Comandante de la 12va Brigada de la Policía Militar, Oscar Reyes y el jefe de los municipales, Rodolfo Cruz.

Tan absortos que cancelaron la rueda de prensa anunciada, y en boletín informaron que la Fiscalía estatal, claro que sí, asignó “una célula de agentes de investigación criminal, especialistas, criminalistas y forenses que recaban indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes y dar con los responsables de estos hechos”. Todo eso. Lo que se dice, pues, una ‘Reacción inmediata’.

El gobernador Diego Rodríguez, todavía con el horario del viejo continente, calificó como un “acto terrorista” la explosión del ‘paquete’ enviado por mensajería al restaurante-bar de Salamanca.

“Un ataque terrorista sin precedentes en el estado, el cual eleva el nivel de violencia a lo que habíamos vivido, a pesar de los grandes esfuerzos que estamos haciendo”, definió. En caso de que la Federación atrajera el caso, comprometió el apoyo del gobierno del estado.

Y esto último fue lo único rescatable que dijo el presidente, a la mañana siguiente. Prefirió sacar la vuelta al asunto. En afrenta a la tradición de ‘la mañanera’: “no quisiera entrar en el terreno de las especulaciones…”; es más, “no quiero que ‘se politice’ el asunto” -ni ‘especular’ ni ‘politizar’, en boca de Amlo, vaya-. Que, efectivamente, sería probable que la Fiscalía federal atraiga el caso por tratarse del uso de explosivos.

SER O NO SER

Así que de nuevo sobre la mesa, la discusión de la calificativa: ¿Son ‘terroristas’ los cárteles del crimen organizado mexicanos?

En noviembre de 2019, a propósito de la tragedia de la familia LeBarón en Sonora/ Chihuahua, el entonces presidente de los EUA, Donald Trump, amagó con designar a los cárteles de la droga en México, como ‘organizaciones terroristas’.

Ir allá de la calificación de ‘grupos criminales’ a ‘organizaciones terroristas’, traería la mar de complicaciones. EU., tiene formas y grados diferentes para su clasificación.

“La más severa es la de organización terrorista extranjera, la decide el Departamento de Estado de Estados Unidos”. “Lo más grave que podría hacerse serían las misiones de combate que violen la soberanía y territorialidad de México…” explicó a BBC Mundo -en texto que reprodujo ‘Animal Político’-, el experto mexicano Mauricio Meschoulam, quien ‘duda mucho’ que algo así suceda.

En ese enredo llamó la atención la opinión -y la toma de posición- apresuradas del gobernador de Guanajuato.

“Yo estoy a favor de que se les pueda denominar como terrorismo, porque no hay otra manera de explicar eso que intentan causar a la población, que es terror…. -“Creo que sí es adecuado —que el presidente Donald Trump, considere como terroristas a los cárteles de México—, el enemigo es quien genera la violencia”.

Le preguntaron si avalaría una intervención del ejército de Estados Unidos en México, y dijo que sí: “todo el apoyo es bienvenido, al final el enemigo, repito, son los generadores de violencia” -ante la cascada de desaprobaciones, Diego Rodríguez no habló más del asunto.

Como sea, si como el gobierno estadounidense sugirió, los cárteles adoptan tácticas terroristas -infundir terror entre la población para avanzar en sus fines-, hace rato que México vive el ‘narcoterrorismo’.

Hoy, en los hechos, Guanajuato sería sujeto de estudio…

En las agencias noticiosas internacionales se ha vuelto un lugar común citar que Guanajuato, pasó de tradicionalmente seguro, nicho de inversiones extranjeras y atractivo para el turismo, a convertirse en el estado más sangriento del país. El ‘lugar común’, es correcto.

Lo que ocurrió en Salamanca, sin duda, califica como un acto de terrorismo -todavía no una constante y, no, por supuesto, en los términos que alucinó don Donald Trump.

Peeero…

Unas cuantas horas después, el gobernador Diego Rodríguez se desdijo. “Es claro, ya al paso de las investigaciones, que es un ataque dirigido, no fue un caso aleatorio, esto nos descarta el acto terrorista como tal”, declaró a los periodistas -no se sorprenda si lo lee en alguna portada, a ocho columnas-.

‘Sin descartar ninguna línea de investigación’, un caso específico de extorsión o un asunto entre particulares -“Sí, llegan a preguntar por esta persona, el gerente del lugar, que es quien sale a recibir este paquete…”, delimita lacónico el gobernador-, se adivinan como la tangente más conveniente para que las autoridades salgan del brete.

A ningún gobernante viene bien reconocer que su feudo es hostal y campo de acción de terroristas. El presidente lo cachó al vuelo. El gobernador de Guanajuato, rectificó a las 24 horas. Solo que eso no resuelve el problema de fondo: una sociedad en la indefensión. Dos errores no hacen un acierto…

(A) LA JAULA

¡Objeción!

El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y con ello la ‘objeción de conciencia’, del personal médico, público y privado, a practicar abortos legales. Dos semanas antes, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización del aborto en el país. Este martes ‘exhortó’ al Congreso a establecer límites precisos para el personal médico. Si bien tienen derecho constitucional a la objeción de conciencia, no pueden invocarla bajo principios religiosos, ideológicos o éticos, si está en riesgo la vida de la persona gestante. Tampoco de manera colectiva. Sin plazo determinado, ya podrán los diputados ‘chutar el bote’ los años que convengan…

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